El agua es un derecho humano,”fuente de vida”, un recurso básico y bien común, que debería ser garantizada siempre por el Estado, nunca objeto de beneficios privados, pues es un bien imprescindible para la vida.Sin embargo, la mitad de los abastecimientos que se gestionan en España lo hacen empresas privadas, controladas en su mayoría por sólo dos: Agbar (Aguas de Barcelona) y FCC (Fomento de Obras y Contratas) bajo el nombre de Aqualia.
Como consecuencia de la crisis económica, las Comunidades Autónomas como los Ayuntamientos, ven en la venta de las concesiones de agua, una salida para superar la crisis, para obtener unos fondos económicos “necesarios para no hundirse”.
En la mayoría de los países europeos la gestión del agua es Pública:
La legislación, en la mayoría de los países europeos, sobre los servicios de abastecimiento de agua potable, depuración de aguas residuales y alcantarillado adjudica la titularidad a la Administración Pública, al entender que es la mejor forma de garantizar el acceso a un bien esencial por los ciudadanos.
En España ha sido evidente que la gestión pública es más eficaz y barata, sin embargo la normativa española no obliga a que sea la propia Entidad Local la que preste el servicio de manera directa, por lo que la gestión del ciclo urbano del agua se puede llevar a cabo de manera mancomunada o delegándola a una empresa mixta o privada.
El proceso de privatización se ha incrementado en España en los últimos años, en una situación de falta de información y ausencia total de participación social.
Los argumentos utilizados para justificar los procesos de privatización de la gestión del agua han sido la mejora de le eficiencia y la reducción del Déficit Público (ya que normalmente el precio del agua no cubre los costes del servicio).
¿A qué nos referimos con la privatización del agua?
La privatización del agua no siempre se realiza de la misma manera. En algunos casos se privatizan las instalaciones de abastecimiento (Ej. Margaret Thactcher llegó a privatizar las tuberías) y en otros casos se privatizan los derechos del agua (Ej. Pinochet).
La fórmula más utilizada hoy en día es España es la concesión de los servicios del agua; es decir, el agua sigue siendo pública pero su gestión se adjudica a un agente privado.
En todos los casos de privatización del ciclo urbano de agua la empresa privada paga una cantidad de dinero(canon concesional) a la Administración a cambio de una concesión
Estos cánones concesionales millonarios, lejos de mejorar las infraestructuras hidráulicas, se dedican a aliviar las difíciles finanzas municipales y son repercutidos en tarifa a los ciudadanos, en la mayoría de los casos sin que aparezca claramente reflejado en la factura.
Cómo es el funcionamiento de una concesión.
Una concesión tiene una duración comprendida entre 30 a 50 años a una empresa privada.
Las empresas se garantizan, normalmente en el contrato, unas ganancias mínimas superiores al 10%, sin fijarse una cantidad que en el periodo de la concesión debe invertir la empresa privada en el mantenimiento y mejora del servicio, con lo que lo más probable es el deterioro progresivo de la calidad del agua, al no existir una inversión estipulada como fija y al ser objetivo de la empresa maximizar sus beneficios.
Normalmente, las empresas lo primero que hacen es encarecer el servicio en torno a un 30-50% y al no existir en el mercado competencias, las compañías adquieren “un monopolio de hecho”.
El cobro del servicio es de un 97% garantizando unos ingresos regulares, lo que le da una estabilidad financiera a la empresa concesionaria.
En España , según la FNCA (Fundación Nueva Cultura del Agua), la gestión de los servicios de abastecimiento se distribuye de la siguiente manera:
- Por las entidades locales: 7%
- Por las Sociedades Públicas: 45%
- Por Sociedades privadas: 36% (controlado en un 90% por Agbar y FCC bajo el nombre de Aqualia)
- Por Sociedades mixtas (público-privadas): 11%
- Otros: 1%
En la mayoría de los casos , la entrada del sector privado en la gestión del agua conlleva aparejada un canon a las Entidades Locales incrementándose los precios del agua, tomando como referencias unas fórmulas de actualización.
En cuanto a la eficiencia , cabe destacar que un reciente estudio llevado a cabo por el Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada, ha comparado la eficiencia de la gestión entre 28 sociedades púbicas y 24 ámbitos (municipales o supramunicipales) con gestión privada, todas ellas ubicadas en Andalucía .El estudio concluye que las empresas públicas son más eficientes que las privadas.
Este modelo de gestión es medioambientalmente insostenible (mayor consumo de agua, es mayor beneficio para la empresa), costoso para el ciudadano que ve incrementada su tarifa y supone una pérdida de control de las administraciones.
¿Que razones impulsan estos procesos privatizadores?
Las razones que impulsan a los Organismos Públicos estos procesos privatizadores, desde mi punto de vista son varias:
- Obtener fondos, al ser una salida fácil de las Administraciones Públicas, ante la crisis. Pues para nada es la eficacia en la gestión, a los que las empresas privadas se ven favorecidas por la debilidad de regulación y la falta de recursos municipales.
- Los beneficios de las empresas privadas son elevados, al tener un “monopolio de hecho”. No está sometida a las mismas exigencias de publicidad y concurrencia de las entidades públicas.
- Ideológica. El objetivo de las políticas de liberalización y desregulación, de las últimas décadas, de ampliar espacios al mercado sobre la base de privatizar los servicios públicos (sanidad, educación, agua y saneamiento), han encontrado más oportunidades en esta coyuntura económica.
Con estos procesos de privatización tienden a crearse una “burbuja”, como fue en el caso del sector inmobiliario oliendo un poco a corrupción. (Ej. En los 90 con el proceso de privatización de los servicios públicos de agua en Zaragoza y el correspondiente proceso de corrupción política).
Pedro Arrojo, miembro destacado de la Nueva Cultura del Agua dice “que privatizar es un acto de sabotaje social a la economía ciudadana, porque al día siguiente tendrás que alquilar los servicios privados y deberás pagar lo que ellos han invertido, más lo que te quieran cobrar de intereses”.
Por otro lado Babiano menciona “el sistema de gestión público-privado es costoso para el ciudadano, que ve incrementada su tarifa. Es oscura porque no existen órganos reguladores, ni indicadores de calidad de gestión y supone una pérdida de control por parte de la administración. Con todo esto, dentro de veinte años tendremos los ratios de aumento tarifaría más caras de Europa. Habrá degradación de las infraestructuras y unas condiciones medioambientales lamentables”.
El modelo de gestión del agua debería ser público:
El modelo de gestión del agua debería ser público, pero con más participación de otros agentes sociales y económicos, además de los políticos.
Las privatizaciones de lo público, es sin duda, para el beneficio de unos pocos y que como vemos día a día son uno de los principales focos de corrupción y de ineficiencia. El papel del agua se reforzaría como un bien común, si la legislación española prohibiera que los cánones concesionales se utilicen como beneficio privado en vez de la mejora de las infraestructuras hidraúlicas. Al no hacer esto se está fomentando una burbuja hídrica utilizando la tarifa de agua como mecanismo de recaudación para financiar a los municipios poco transparente, lo que conducirá, quizás, al posterior rescate público( pagado por todos los ciudadanos).